En España los 18 años es la edad cuando se presume la capacidad de una persona para tomar sus propias decisiones y gobernar sus propios asuntos.
No obstante, no todas las personas tienen capacidad para ello. En concreto, las personas afectadas por enfermedades mentales o demencia senil.
Es un hecho que con la edad avanzada se presentan este tipo de enfermedades de una manera mucho más frecuente. Cuando esto sucede suelen plantearse muchas dudas con relación a la capacidad de la persona para gestionar su vida, su alimentación, patrimonio, etc.
Cuando la enfermedad es obvia es cuando entra en juego la necesidad de incapacitar judicialmente a esa persona. Cuando se trata de un padre o una madre puede resultar un proceso incómodo e incluso doloroso para todas las partes.
Pero ¿en qué consiste exactamente la incapacitación judicial? ¿Qué objetivo tiene incapacitar a una persona adulta? ¿Cuales son causas de incapacitación judicial? ¿Qué consecuencias tiene para el incapacitado?
Qué es la incapacitación judicial y que objetivo tiene
La incapacitación judicial es un procedimiento legal que puede iniciarlo el Ministerio Fiscal o los familiares de la persona mayor (conyúge, hijos, hermanos, nietos, etc…)
Se debe presentar una solicitud o demanda tras la cual se siguen una serie de trámites marcados por la ley, lo que incluye un examen exhaustivo de las pruebas que demuestren -o no- la incapacidad de obrar de la persona.
Una vez concluido el proceso, un juez es quien puede declarar la incapacidad de la persona, para su propio beneficio. En este caso se nombra un tutor que le asista.
Es un procedimiento judicial a instancia de parte o del Ministerio Fiscal. Se debe presentar una solicitud o demanda y, tras ésta, se siguen una serie de trámites marcados por la ley y se realiza un examen exhaustivo de las pruebas. Una vez concluido el proceso, un juez puede declarar la incapacidad de una persona, en su beneficio.
Si así fuera, se priva a ésta por completo (en raras ocasiones de modo parcial) de la capacidad de obrar. Se nombra, según el caso, un tutor o curador que velará por el afectado.
El objetivo de la incapacitación consiste en proteger al anciano y evitar que se pueda perjudicar a sí mismo con decisiones inadecuadas con relación a sus intereses patrimoniales y a la atención de sus necesidades.
Causas de incapacitación judicial en la tercera edad y procedimiento
Según el Código Civil, son causa de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impiden a la persona gobernarse por sí misma.
La persistencia de la enfermedad indica que no se trata de una situación transitoria o temporal. Para demostrar que el anciano tiene una demencia, enfermedad física o psíquica que le impide cuidar de sí mismo, se ha de hacer un dictamen pericial médico acordado por el tribunal.
Para ello se llevan a cabo varias pruebas:
Una prueba documental que consta de informes médicos y sociales, certificado de discapacidad y cualquier otro que sea relevante.
A fin de evaluar la competencia de una persona con demencia, existe el documento Sitges. En este informe se valoran cinco aspectos: capacidad y autogobierno, toma de decisiones en el ámbito personal y patrimonial, condiciones neurológicas necesarias para la toma de decisiones, exploración de las condiciones neurológicas y correlación entre el estado neurológico y la capacidad para tomar decisiones.
También se lleva a cabo una audiencia de los parientes próximos o con especial relación con el anciano. Se les preguntará sobre la situación de la persona y su presunta incapacidad.
Se debe realizar una exploración del anciano por un médico forense que emitirá un informe acerca de cómo inciden su enfermedad o deficiencia en su capacidad de obrar.
Por último será el propio juez quien examine a la persona afectada, entrevistándose con ella a fin de formarse una opinión sobre su estado.
Finalmente se dicta sentencia sobre si se incapacita o no a la persona.
Consecuencias de la incapacitación
La persona incapacitada se le impide hacer por sí misma una serie de cosas. Algunas relevantes son que no puede casarse sin autorización, no puede comprar, vender, contratar personal, hacer un testamento, pedir un préstamo, realizar donaciones, votar, etc.
También se bloquean sus cuentas bancarias y se le puede internar en contra de su voluntad y sus bienes serán administrados por el tutor.
Viendo las consecuencias tan relevantes que tiene en el anciano la incapacitación, es necesario que haya una sentencia judicial que demuestre que la persona no puede gobernar su vida por sí misma.
En la misma sentencia dictada por el juez se nombra a un tutor del enfermo que administrará su patrimonio y se compromete a cuidar de él y a ocuparse de todas sus necesidades.
El papel del tutor
El tutor del enfermo puede ser una persona física como puede ser un familiar o un amigo, o bien una persona jurídica (asociaciones de familiares de Alzheimer, director de una residencia o fundaciones).
Hay fundaciones que no escogen a sus tutelados sino que se los asigna un juez. La tutela implica cuidar de la persona incapaz en los aspectos personales y en la administración de sus bienes sin ánimo de lucro.
La tutela está sometida a diversas medidas de control. Se ha de formalizar un inventario inicial de los bienes, se ha de rendir cuentas anualmente, se ha de obtener autorización previa para llevar a cabo operaciones económicamente importantes (la venta de un piso, por ejemplo) y se ha de presentar un balance final de cuentas.
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